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Crimen y contribuciones

Por una #SociedadHorizontal



Autor: Armando Ríos Piter

15 de agosto de 2022 - Las escenas de terror que vivieron los habitantes en diversas ciudades de Jalisco, Guanajuato, Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua la semana pasada, dan muestra de la capacidad logística y de despliegue que han alcanzado los grupos criminales. Las instituciones están rebasadas en amplias regiones del territorio nacional. Es indispensable construir una alternativa social, que propicie una transformación de fondo del Estado Mexicano, para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos y mexicanas.

 

Tras el fracaso de un operativo en que el Ejército Mexicano pretendía atrapar a dos líderes del CJNG en Jalisco y una pelea entre pandillas dentro del Centro de Readaptación Social 3 de la frontera chihuahuense, se generaron una serie de ataques a negocios y gasolineras, bloqueos carreteros, se incineraron vehículos e incluso hubo muertos y heridos. Ambos episodios evidenciaron una evolución en el comportamiento delictivo. Destacó de manera especial, el ataque concertado a tiendas de conveniencia, específicamente Oxxos de Femsa, presumiblemente por no pagar el “derecho de piso” del que han sido blanco.

 

Escenas similares se vivieron en Tijuana, Tecate, Mexicali y Ensenada, donde la violencia entre las bandas criminales por la lucha de territorios, se ha desbordado en contra de la población civil. El propio AMLO dijo que los grupos delictivos atacaron a la ciudadanía “como una especie de represalia”. La nota más polémica la dio la alcaldesa de Tijuana, quien pidió al crimen organizado “cobrar facturas” a quienes no pagaron, pero no ir contra la población civil. Manifestó un aval implícito a la prevalencia de extorsiones cuando enfática dijo, “no vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas”.

 

El crimen organizado ha diversificado sus fuentes de ingreso. Ya no es exclusivamente el tráfico de estupefacientes, sino que el cobro de piso y la extorsión se han convertido en una importantísima forma de extraer recursos directamente de la población. La Coparmex ha dicho que, en el primer cuatrimestre de 2022, el ánimo de inversión fue un 1.8% menor que el año anterior, en buena medida por la delincuencia. El fenómeno va más allá de la afectación a establecimientos. El Inegi ha publicado que uno de cada cuatro hogares en México sufrió robo y/o extorsión durante el último semestre de 2021.

 

El crimen organizado empieza a rivalizar con el Estado Mexicano por el cobro de impuestos. Los micro, medianos y pequeños empresarios se ven afectados por una especie de triple tributación. Por un lado, los impuestos comunes y legales que impone el Estado. Adicionalmente, se suman las “mordidas” que piden funcionarios para autorizar trámites y otorgar permisos. Por último, y de manera creciente, está el cobro de “derecho de piso” y demás extorsiones.

 

Es indispensable tomar consciencia de la dimensión del problema que enfrentamos. Hoy que se debate sobre la Guardia Nacional en el país, debería también analizarse de qué manera se va a fortalecer el sistema de seguridad pública en su conjunto. Se requiere hacer un énfasis especial en las policías municipales y estatales. También se requiere de una revisión seria sobre los recursos que estamos dedicando a esta materia.

 

Frente a este escenario, existen dos opciones. Por un lado, la colaboración y organización de la sociedad,enfocada en definir los recursos que son necesarios para contar con policías y fiscalías sólidas y eficientes. Para financiar esto, sería indispensable generar un impuesto específico, con metas y objetivos claros, bajo la supervisión de la ciudadanía. Otra ruta es que los grupos empresariales que integran la micro, pequeña, mediana y gran empresa se organicen para exigir que se deduzca del pago de sus impuestos el famoso derecho de piso. Estos empresarios podrían exhibir en una demanda de amparo, los montos que gastan por exigencias de la delincuencia, ante los resultados nulos que tiene el gobierno para brindarles seguridad pública.

 

Tras las movilizaciones de la semana pasada, la población percibe que el crimen organizado ha empezado a ejercer su músculo para presionar. La inercia en esta materia es peligrosa. La #SociedadHorizontal debe exigir que los contribuyentes reaccionen cuanto antes.

 

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