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CCE reprochó que no se haya consultado a la IP por NOM-001-SEMARNAT-2021

El CCE afirmó que la NOM 001 afectará severamente en materia económica a todos los usuarios de agua (productores agropecuarios, organismos operadores de agua e industria privada y pública), al tener que modificar o sustituir las plantas que operan conforme a la norma 001 vigente.


Imagen: Twitter

Autor: Noticias Guerrero Hoy


13 de Septiembre de 2021.- En un comunicado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reprochó que no se haya consultado a la Iniciativa Privada ni a los órganos reguladores en la materia para aprobar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, la cual, anticipó, provocará impactos económicos y es violatorio a los acuerdos comerciales internacionales.


El CCE se pronunció por la designación de un experto en materia económica por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para establecer con toda precisión el costo de cumplimiento por inversión, que dista mucho de los 70,000 millones de pesos consignados en la manifestación de impacto regulatorio elaborado por la Semarnat en 2017, en comparación con los 700,000 millones de pesos que considera la ANEAS (Asociación Nacional de Entidades de Agua), que agrupa a los organismos de operadores de agua y saneamiento municipales, intermunicipales y estatales, más los costos de inversión del uso agrícola, Pemex y CFE, y de la propia industria privada.


El sector empresarial afirmó que la NOM 001 afectará severamente en materia económica a todos los usuarios de agua (productores agropecuarios, organismos operadores de agua e industria privada y pública), al tener que modificar o sustituir las plantas que operan conforme a la norma 001 vigente y quienes carecen de plantas de tratamiento tendrán que instalarlas, lo que en todo caso va a implicar costos adicionales que serán repercutidos al precio de los productos agrícolas, industriales, mayores tarifas eléctricas y en los productos derivados del petróleo, así como en las tarifas del servicio de agua potable y saneamiento municipales, intermunicipales y estatales, sin mencionar que el plazo fijado de un año para la entrada en vigor es claramente insuficiente para los trabajos de logística, ingeniería y construcción para la adecuación de miles de plantas de tratamiento industriales, estatales y municipales, a lo largo y ancho del país

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